¡UY! QUE SUSTO. La Ley de cine de Carlos Raffo está por ser aprobada en el Congreso con pura mañosería política. Mientras tanto los gremios cinematográficos y nuestros directores más reconocidos, como Claudia Llosa y Javier Fuentes-León, apoyan una ley que se contenta con darle migajas al cine peruano a cambio de ser "políticamente viable".
Hace unos cinco meses hice una nota para “El Comercio” sobre la Ley Procine y la vapuleada Ley Cabrera. Ahora que el otorongo sacó las garras una vez más(lean el artículo de ayer del “Diario 16″ para que sepan el último tango de Raffo) y la carta que envió la Asociacion Peruana de Directores y Productores Cinematograficos (APCP) al Congreso, me animé hoy a escribir sobre mis experiencias y tristes conclusiones en este zafarrancho que ojalá el Ministerio de Cultura se animé a llevar a buen puerto algún día.
Mientras tanto una ley misteriosa y hasta entonces no muy conocida se tejía entre los nacionalistas: la hoy teñida injustamente de roja y casi inexistente a nivel mediático Ley Cabrera o entonces llamada Ley Peralta. Esta pedía que el impuesto municipal cargado a los boletos de cine sea también eliminado, pero para luego crear otro impuesto del 5% en las entradas en beneficio del cine peruano. Este dinero, que bordea los 13 millones de soles anuales, iría al fondo especial Fodecine, administrado directamente por Conacine. Aunque quizá era inviable para ser aprobada en el Congreso, como veremos más adelante, este proyecto tenía una idea central no resulta para nada descabellada y que es totalmente aplicable en países como Colombia y Argentina.
Ahora, de regreso al siguiente episodio de este culebrón de tintes mexicanos.
La siguiente “bronca” se dio a inicios del 2010: directores tan reconocidos como Pancho Lombardi, Augusto Tamayo, Fabrizio Aguilar y otros respetables cineastas miembros de la APCP apoyaban sorpresivamente a Raffo por puro cálculo político y se quejaban –como quien habla de un leproso sin remedio- sobre Christian Wiener y la posición de la Unión de Cineastas Peruanos (UCP) quienes se inclinaban de manera idealista por la Ley Cabrera. Unos se gritaban “vendidos” e “imperialistas” mientras otros ladraban en respuesta “trasnochados” y “caviares”. Historia harto conocida en la bipolar y prejuiciosa arena política peruana.
Coincidentemente, meses después me encomendaron hacer una extensa nota para “Luces” sobre este tema donde con Rodrigo Bedoya (sí, el hijo de Ricardo) decidimos dejar los adjetivos de lado y concentrarnos en los temas de fondo: ¿de qué trata este impuesto municipal? ¿quién lo paga?¿puede ser o no obligatorio si es dirigido específicamente al cine nacional? (quienes necesiten el PDF con todos los detalles de ambas leyes y toda la investigacion que se hizo me escriben a jose.miguel.puga@gmail.com y se las paso).
Finalmente nos dimos cuenta que el problema recae en dos temas puntuales:
1) Falta de cohesion entre los gremios cinematográficos por culpa del conformismo por un lado y del idealismo más terco por el otro
Mientras la APCP se conforma con migajas la UCP sueña tan alto que, finalmente, ambos terminan fragmentando cualquier iniciativa de hacer un frente común para desafiar a los lobbies. Osea, en río revuelto, ganancia de pescadores… en este caso las distribuidoras de cine estadounidenses. Estas empresas no planean bajar los precios de las entradas -algo que me confesó un ejecutivo de una cadena de cines- y solo van a invertir en en más multicines en distintas regiones (ah, en esto tampoco hay montos fijos estipulados en la ley). Sin duda, algo bueno para la difusión, pero ¿qué hay del cine peruano? ¿cuántas copias de películas peruanas van a llegar a estas salas? ¿qué hay de apoyar la producción, promoción y distribución de las producciones nacionales de manera obligatoria a través de un impuesto?
LA APCP y las distribuidoras/exhibidoras, además de Raffo y sus compinches, se han animado a borrar el caracter “voluntario” y “temporal” del proyecto de ley 3938, pero no para escribir “obligatorio”, sino para dejar un vacío legal que tiene por supuesto implícito que un aporte de una empresa privada, más allá de sus responsabilidades tributarias, jamás puede ser obligatorio. En pocas palabras, sigue siendo “voluntario” y “temporal” aunque no lo diga.
Al final, tendremos más salas de cine, pero también más películas de temática poco variada y de fórmulas muchas veces repetitivas como suele suceder con la propuesta de las majors. A esto se suma además el hecho de que estas películas entran a nuestro país sin pagar impuestos siquiera, pero ese es otro tema del que sabe ‘Don Vito’, reíntimo amigo de la familia León. Ahí les suelto una pepa a mis colegas periodistas.
2) La falta de voluntad del Poder Ejecutivo en aplicar una política cultural coherente
Después de consultar con varios abogados constitucionalistas, supimos que solo solo el Poder Ejecutivo (puntualmente con la aprobación del MEF) es capaz de promulgar un impuesto con un fin específico como es el de financiar el cine peruano. El Poder Legislativo no puede hacerlo porque es inconstitucional. Eso está cantado y probado aunque hay excepciones a la regla en el ámbito privado como es el caso de SENCICO.
Para colmo de males vale la pena mencionar que llamamos infinidad de veces a la entonces Ministra de Economía y Finanzas Mercedes Araóz quien se encargó de mecernos contundentemente un mes entero con simulacros de citas que jamás se concretaron.
Parece que, para variar, nuestros políticos todavía no entienden de la importancia de promover las industrias culturales, sobre todo las pequeño y micro empresas en este rubro, y del valor de explotar la propiedad intelectual. En el Primer Mundo es considerado un índice de progreso la cantidad de obras y patentes registradas para su explotación cultural e industrial.
Es difícil aceptarlo, pero lo que el cine peruano es hoy depende solo de la voluntad de un puñado de directores con talento. No tenemos todavía la infraestructura económica ni legal ni una política cultural coherente para pensar en convertirnos en una industria de películas independientes para mercados como el europeo y americano.
Como el experto en marketing político, el nazi Joseph Goebbels pontificaba: “Miente, miente, miente… que algo queda”. Pues, bien parece que este ‘happy face’ cumplió su maquiavélico cometido gracias a su discurso “chévere” y a la conformidad política, osea, a la flojera más legañosa y pragmática.
Esta semana con el apoyo de las bancadas fujimorista, pepecista y aprista la Ley Raffo es la más viable en ser aprobada. Una vez más elegimos el mal menor y nos contentamos con migajas porque es “políticamente viable”, Augusto Tamayo dixit.
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soy un actor que tuve la oportunidad de trabajar en un par de peliculas. Al enterarme de esto me indigna y me da bronca el saber que unas pesonas ineptas, inservibles y mugrosas se atrevan a seguir atentando contra la cultura generando este tipo de propuestas. ya basta de lacras apristas y fujimoristas asesinos del arte y cultura peruana.
pareciera que con el pasar del tiempo, aun a nuestra gente, le cuesta aceptar el buen trabajo que pueden hacer nuestros cineastas peruanos y que gracias a esta ley aun nos costará más encontrar el camino mas liso para mostrar nuestro arte.
QUEREMOS MAS CINE PERUANO, QUEREMOS MAS OPORTUNIDADES CINEMATOGRAFICAS, QUEREMOS HACER ARTE PARA NUESTRA GENTE Y QUEREMOS QUE NOS RECONOSCAN FUERA TAMBIEN….NO NOS PONGAN MAS DIFICULTADES DE LAS QUE YA TENEMOS……. GRACIAS LUCIANA Y RAFO PERO NO NOS LLAMEN QUE NOSOTROS LOS LLAMAREMOS …